Por: Alexandra Johari
Rumanía ha desarrollado un importante compromiso político para permitir la vida en comunidad de las personas mayores, con discapacidad y en situación de sinhogarismo. Asimismo, se ha regulado la obligación de garantizar que niños, niñas y adolescentes puedan vivir en entornos de tipo familiar en lugar de instituciones. Estos procesos han sido desencadenados y respaldados por los ciclos de planificación y las inversiones de los Fondos Estructurales Europeos. Sin embargo, la implementación ha sido lenta y la rendición de cuentas hacia resultados medibles es débil.
- Para los servicios para personas con discapacidad, los Fondos europeos durante el primer ciclo de implementación de 2007-14 se utilizaron en mejorar las instituciones en lugar de eliminarlas. No fue hasta el ciclo 2014-2020 que la financiación se destinó específicamente a la transformación de grandes centros residenciales en la construcción de centros de tipo comunitario. Sin embargo, la implementación fue dispersa debido a la oscilación de políticas y la falta de una planificación operativa sistemática.
- En el marco del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, se formuló una nueva Estrategia Nacional para la prevención de la institucionalización y aceleración del proceso de desinstitucionalización 2022-2030 y una nueva Ley de desinstitucionalización respecto de las personas adultas con discapacidad. Prevé asistencia personal y apoyo autodirigido.
- La Sociedad Civil critica la falta de seguimiento operativo de los compromisos de política, la falta de establecimiento de metas medibles e hitos accionables, y la resistencia a someter a escrutinio la acción estatal frente a sus obligaciones derivadas de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
- Para la desinstitucionalización de niñas y niños en el sistema de protección infantil, fue clave la creación de la Dirección General de Protección a la Niñez (DGASPC) y su fluida relación con los defensores de los derechos de la niñez de la sociedad civil y los proveedores de servicios de modelos alternativos de cuidado permitió innovar en nuevas medidas de protección a la niñez.
- El gobierno se comprometió con el cierre de los grandes centros residenciales y también dispuso métodos alternativos para la protección de niños y niñas al cuidado del sistema estatal. La Estrategia 2014-2020 establecía tres métodos principales a través de los cuales esto se lograría: (1) repartiendo fondos (nacionales y de la UE) para la formación de cuidadores/as y asistentes maternas que recibirían una parte menores que saldrían del grandes centros residenciales y para la construcción de espacios alternativos de convivencia de tipo familiar, donde las y los niños aprendan a vivir de manera independiente; (2) medidas para la integración socio-profesional de jóvenes que salen del sistema de acogimiento institucional; y (3) el desarrollo de servicios alternativos de cuidado institucional.
- La nueva ley de protección infantil, adoptada recientemente en junio de 2022, establece estándares más estrictos y limita significativamente la colocación de menores en instituciones. Mientras que otro compromiso de política acogió con beneplácito, la sociedad civil sigue siendo escéptica acerca de la materialización en el terreno. Sin embargo, la transición a la edad adulta está poco respaldada.
- El marco para responder a las personas sin hogar en Rumania es débil y no cubre la variedad de casos, incluidos los problemas de salud mental, la transición del sistema penitenciario a la reintegración en la comunidad, el uso problemático de drogas, así como patrones específicos en zonas urbanas o rurales. La respuesta por default sigue siendo en refugios o centros de emergencia.
- Las personas mayores en Rumanía se benefician de varios tipos de centros de atención financiados por el Estado para atención a corto, mediano y largo plazo. También existen servicios privados que están acreditados para ofrecer servicios de cuidado de personas mayores, como las residencias de mayores privadas. En 2023 había un total de 720 centros acreditados que prestaban servicios a personas mayores, de los cuales 120 eran públicos. Tanto las residencias de mayores privadas como las públicas cuentan escasamente frente a los estándares de calidad. Las responsabilidades están divididas entre los departamentos gubernamentales y la coordinación es débil.