Por: Hisayo Katsui
Particularmente desde los reclamos del movimiento de discapacidad para la inclusión y participación a partir de los años 70, Finlandia se ha comprometido con una serie de reformas políticas que promueven la vida independiente en la comunidad como un derecho humano para las personas con discapacidad. Se promovió la accesibilidad, la inclusión y el universalismo a través de la legislación, la política, la adaptación del entorno y los servicios de discapacidad, como la asistencia personal a las personas con discapacidad.
- La ratificación de Finlandia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en 2016 ha acelerado esfuerzos en los municipios, actores principales para hacer la desinstitucionalización (DI) en la práctica.
- El número de personas residentes en instituciones (especialmente quienes vivían en instituciones a largo plazo) bajó constantemente a lo largo de los años. Sin embargo, el descenso es mucho mayor en edades comprendidas entre 18 y 64 años en comparación con niños, niñas y adolescentes con discapacidad, así como con las personas con discapacidad mayores de 64 años. Asimismo, las personas con discapacidad intelectual profunda y múltiple, así como las personas mayores con discapacidades intelectuales, se encuentran entre los grupos más propensos a vivir en instituciones.
- Si bien existe un marco normativo común a nivel nacional, la implementación difiere a nivel local. El consenso conceptual no se traduce en un acuerdo en la práctica sobre el terreno. Incluso, algunos profesionales locales consideran que la institución es “un hogar” de personas con discapacidad intelectual y que se alejen de la institución no necesariamente sería una solución humana, generando angustia y sufrimiento. Por tanto, es importante centrarse en reconocer las realidades locales, donde la realización de derechos de las personas con discapacidad se lleva a cabo con gran importancia. Para permitir la vida independiente en la comunidad de estas personas, se necesita un cambio general de actitud entre los administradores municipales, los proveedores de servicios y la comunidad en general.
- En muchos casos, la vivienda alternativa como resultado de la reubicación después del proceso de desinstitucionalización regeneró entornos microinstitucionales en entornos comunitarios supuestamente alternativos. Las unidades de vivienda, como los hogares grupales, a menudo son para 15 personas con discapacidad intelectual o más, y en ellas se recrean las culturas de las instituciones en términos de limitar las propias decisiones, opciones e independencia de la supervisión permanente.
- A menudo, el proceso de transición hacia la comunidad no considera del todo las elecciones y preferencias de las personas con discapacidad. Para ellas, es importante organizar la transición con previsión y se deben capacitar en reubicación rápidamente antes de que haya una solución de vivienda disponible.
- En la implementación de la Estrategia de desinstitucionalización finlandesa chocaron prioridades orientadas al mercado y derechos de personas con discapacidad. La ley de adquisiciones de 2016 promovió la oferta más barata sobre la calidad y fue muy cuestionada por la ciudadanía.
- Las discusiones actuales del borrador de la Ley del Servicio de Discapacidad destacan los desafíos para lograr un enfoque basado en derechos humanos al atender necesidades y derechos individuales más allá de diagnósticos. Si bien se prevé el servicio de asistencia personal, prevalece la resistencia. Además, se espera que la concentración de la prestación de servicios sociales en 21 condados más Helsinki aumente las posibilidades de libertad de elección de los usuarios y reduzca las desigualdades entre ellos.